El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto normativo, que será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El objetivo de esta nueva norma, elaborada en colaboración con el propio sector a través del Grupo de Trabajo de Economía Social, es fomentar este tipo de economía, regular y visibilizar el sector, y dar respuesta a la creciente relevancia de estas entidades. Todo ello, reconociendo su importante aportación a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto de ley e basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico. En segundo lugar, permite coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector. Unas políticas que, para lograr la máxima eficacia y eficiencia, se recogerán en el Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social, que ya se está diseñando. Y como tercer pilar, la norma apuesta por integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la creación del Consejo de la Economía Social de Aragón, que permitirá aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.
La economía social engloba distintas actividades económicas y empresariales desarrolladas por entidades que se caracterizan por el respeto a valores comunes y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad. La necesidad de elaborar una norma con rango legal que dote de un marco normativo adecuado al sector ha quedado patente en los últimos años, ligada a la creciente importancia de cooperativas, asociaciones y fundaciones en la creación de empleo y en la resolución de problemas sociales.
Por ello, en la pasada legislatura ya se aprobó un proyecto de Ley de Economía Social de Aragón mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2018, que fue remitido a las Cortes de Aragón. El proyecto de ley se hallaba en fase de tramitación parlamentaria cuando las Cortes de Aragón expiraron su mandato sin que finalmente se aprobara. En aplicación del artículo 338 del Reglamento de las Cortes de Aragón, una vez disueltas las Cortes o expirado su mandato, todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la cámara caducan, habiéndose hecho necesario iniciar una nueva tramitación normativa.
Ya en la actual legislatura, ante la necesidad de aprobar una ley para este sector, el 12 de noviembre de 2019 se puso en marcha el Grupo de Trabajo de Economía Social para trabajar en la elaboración de un anteproyecto. En el grupo de trabajo, además de distintos miembros del departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, participan representantes de la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS), la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), la Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual (ARADIS), el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) y la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.
Tras la toma de conocimiento del Anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón por parte del Consejo de Gobierno, se abrió el periodo de información pública de un mes y se emitió un informe del Consejo Económico y Social de Aragón. A este procedimiento se suman los correspondientes informes valorativos y la memoria final de la dirección general de Trabajo, Autónomos y Economía Social y la Secretaría General Técnica del departamento de Economía, Planificación y Empleo, entre otros trámites que han dado como resultado el texto final aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno.
Fomentar y difundir el sector
El impulso de esta nueva ley se enmarca en la apuesta del Gobierno de Aragón por fomentar y difundir este sector en nuestra Comunidad Autónoma, que continúa creciendo tanto en materia de empleo como en el porcentaje del valor añadido bruto (VAB) que representa. En Aragón existen algo más de 5.000 entidades de economía social, que representan cerca del 6% del total de empresas existentes en nuestra Comunidad y dan empleo directo a alrededor de 20.000 personas (el 3,4% del empleo total aragonés). Estas entidades facturaron más de 2.500 millones euros en 2019, y contribuyeron al desarrollo económico de Aragón generando un valor añadido bruto cifrado en más de 400 millones de euros, lo que supone el 1,2% del total territorial.
Dentro de esa apuesta por impulsar el sector –que engloba a las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones, y sociedades agrarias de transformación, entre otras-, el Departamento de Economía, Planificación y Empleo trabaja ya en la puesta en marcha de un Plan de Impulso de la Economía Social y, recientemente, firmaba un convenio con la Universidad de Zaragoza para relanzar la cátedra de Economía Social y Cooperativas, que permitirá incrementar la investigación, formación y difusión en torno a este sector.
En materia de incentivos y ayudas, además de los concedidos a través del INAEM, las entidades de economía social son también las destinatarias del fondo de apoyo específico para ellas puesto en marcha a través de la sociedad pública SODIAR, al que pueden optar hasta fin de 2021 de forma ágil y telemática. También se establecieron como beneficiarias en las líneas de financiación Covid –prorrogadas hasta el 31 de diciembre- y de las ayudas directas para sufragar inversiones en materia de digitalización y medidas de protección puestas en marcha durante la pandemia. Por su parte, CEEIARAGON –adscrito también al Departamento de Economía – se ha sumado al proyecto europeo “Better Incubation – LIAISE”, en el que distintos centros de apoyo a emprendedores trabajan para impulsar el emprendimiento social e innovador.
