El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha publicado las bases de una nueva convocatoria de su iniciativa estratégica de Compra Pública Innovadora (CPI) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los fondos Next Generation. Este modelo de desarrollo industrial se consolidado como un instrumento de gran utilidad para impulsar la innovación y la competitividad desde la administración pública, generando soluciones a problemas y necesidades detectadas previamente, y que no existen en la actualidad en el mercado. Así, emplea la demanda pública de productos, servicios y suministros como instrumento mediante el que canalizar políticas públicas para hacerlos realidad y facilitárselos a las entidades compradoras.
La iniciativa supone una inversión sin precedentes a nivel mundial en la industria de la ciberseguridad. Así, INCIBE canalizará al mercado un total de 137,2 millones de euros que elevan la cifra global del proyecto, tras la primera convocatoria publicada el 1 de julio de 2022, hasta los 224 millones, mediante contratos en el marco de la Compra Pública Innovadora.
La jornada de presentación, celebrada hoy, contó con la asistencia de más de 120 empresas, y arrancó con la intervención de forma telemática de Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien destacó el objetivo de INCIBE de impulsar la innovación en ciberseguridad “en el conjunto de la sociedad, en las pymes, en los sectores estratégicos y en la totalidad del mercado creando soluciones competitivas de ciberseguridad, y desarrollando una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria”.
La convocatoria permite la coinversión de INCIBE en proyectos de I+D+i para generar soluciones de ciberseguridad y se articula mediante la definición de 30 retos o necesidades de alto potencial, resultado de la experiencia de INCIBE y su conocimiento como entidad competente en la materia, así como de la consulta pública al mercado lanzada por INCIBE en 2021 y que registró un total de 281 propuestas presentadas para el conjunto de actuaciones. Cada uno de los retos responde a una necesidad en materia de ciberseguridad que no está actualmente cubierta en el mercado y sobre la que existe una alta demanda por parte de la industria. Asimismo, esa iniciativa se marca cuatro objetivos: reforzar la confianza digital, minimizar la brecha digital, reducir la brecha digital de género y mejorar los servicios públicos.
Los retos definidos persiguen la creación de soluciones en ciberseguridad para distintos públicos objetivo, tales como pymes, sectores estratégicos o sector público, entre otros. Las entidades que quieran participar pueden enviar sus proyectos en los 60 días hábiles desde la publicación del documento regulador. Todos ellos recogen necesidades en ciberseguridad, como el desarrollo de la ciberresiliencia de la cadena de suministro, soluciones innovadoras para redes 5G, detección de víctimas de ciberdelitos, sistemas para el seguimiento de cripto-transacciones o mejoras de los centros de operaciones de seguridad para sectores como la industria química, de la alimentación, la salud o el transporte, entre otros.
Presupuesto de los proyectos
El presupuesto de los proyectos deberá plantear que la inversión de INCIBE esté comprendida entre un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 1,5 millones. Cada uno de los retos debe ser cubierto por un mínimo de dos contratistas con ofertas y proyectos independientes entre sí para asegurar la competencia.
En esta nueva convocatoria se prevé la selección de entre 100 y 450 proyectos, liderados por entidades de manera individual o en consorcios incluyendo pymes u organismos de investigación. Estas entidades podrán a su vez subcontratar parte de los trabajos de I+D+i a otras en el marco del proyecto. Comprador y contratista compartirán, riesgos, beneficios, e inversión, según lo establecido en el citado documento, especialmente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y se ha planteado una coinversión mínima del 4% por parte de la entidad adjudicataria.
